El fraude del vicepresidente de Ecopetrol en Corficolombiana

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Cursa actualmente en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia una tutela interpuesta contra Fernán Bejarano, quien fuera Asesor Jurídico de Corficolombiana, compañía del grupo de empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo -que terminó vinculada al escándalo de Odebrecht-, quien hoy se desempeña como vicepresidente de Ecopetrol.

Hoy, este vicepresidente es investigado por la Corte Suprema por fraude a favor de su antigua empresa, en contra de la firma constructora Owen Londoño & CIA SAS.

La Sala de Casación Penal investiga, además de al hombre fuerte de Ecopetrol, a Pedro Nel Ospina, expresidente de Colpensiones, durante el gobierno Juan Manuel Santos.

El alto tribunal inició la revisión del fallo proferido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá en su Sala Penal, dentro del proceso contra Bejarano y Ospina.

Así mismo, investiga a José Alberto Santana y Mauricio Rodríguez, por el presunto delito de fraude procesal, a favor de Corficolombiana, mediante el cual liquidaron la firma constructora Owen Londoño & CIA S. EN C.

Un error del fiscal del caso llevó a que el vicepresidente jurídico de Ecopetrol y otros tres compañeros de delitos salieran ilesos de un proceso penal que ya completa trece años rondando los estrados judiciales y hasta ha pasado raspando las cumbres de la Corte Suprema de Justicia.

El entonces secretario general de Corporación Financiera Colombiana fue acusado de fraude procesal por unas maniobras de gestión que habría cometido para vender las acreencias de Corficolombiana sobre la constructora Owen Londoño & CIA SAS., que en 2004 se acogió a la ley de reestructuración empresarial, 550 de 1999, ante la Superintendencia de Sociedades y desde la que se reconocía a esta entidad financiera, Corficolombiana, como acreedora de 37% del total de las obligaciones de la empresa en reestructuración.

Fernán Ignacio Bejarano Arias, en calidad de secretario general; Pedro Nel Ospina Santa María como presidente y José Alberto Santa Ana Martínez en cargo de vicepresidente financiero participaron de una serie de conductas delictivas que llevaron a que Corficolombiana adquiriera las acreencias de la DIAN y la Secretaría de Hacienda, que rondaban los 2.100 millones de pesos, para hacerse con 51% de los votos en la constructora.

Un contrato de mandato con la firma Franco Rodríguez y Asociados, en cabeza de Mauricio Fernando Rodríguez Agudelo, llevó a que, posteriormente, adquiriera las acreencias y desembocara en que la constructora se sometiera a un proceso de liquidación obligatoria.

El proceso de liquidación fue declarado nulo por la Superintendencia de Sociedades, toda vez que esta advirtiera que había sido engañada con maniobras fraudulentas por los cuatro sujetos de juicio.

La Fiscalía así lo advierte: “las actuaciones ilícitas se traducen en el engaño al funcionario de la Superintendencia de Sociedades en su calidad de juez del concurso”.

A Rodríguez Agudelo se le acusa de ser cómplice de la conducta engañosa, como quiera que fue la persona que adquirió las acreencias fiscales a su nombre, ocultando que actuaba a nombre de un tercero.

Una vez los hechos son conocidos por fuera de los ámbitos de gestión, este informa a la Superintendencia y reconoce haber actuado de acuerdo con un mandato en el que recibió instrucciones precisas.

Las actuaciones de los cuatro implicados tenían como objetivo neutralizar el acuerdo de la organización Owen Londoño para la reestructuración de tasas de interés, plazos y formas de pago que, a todas luces, no le convenía a CorfiColombiana.

La pesquisa judicial lleva más de trece años dando vueltas por los juzgados y tribunales hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, la cual tiene en sus manos las investigaciones contra Bejarano, el hombre fuerte de Ecopetrol, con el entonces presidente de Colpensiones durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Aunque la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia adelantó la revisión del fallo proferido en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la demanda de casación ante el alto tribunal fue inadmitida en septiembre de 2018.

El recurso de insistencia de la demanda corrió la misma suerte en octubre del mismo año y, en noviembre, la Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal consideró que no existía mérito para recurrir al mecanismo de insistencia; decisiones que han beneficiado a los sindicados partícipes del gobierno Santos.

La pendencia jurídica no ha terminado aún. En julio de 2019, la Sala de Casación Penal de la Suprema admitió y avocó conocimiento de la acción de tutela presentada por Owen Londoño y CIA contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso.

El litigio contra algunos de los alfiles del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos sigue abierto y todo parece apuntar a que, hasta el momento, han resultado indemnes por un error de quien representaba al ente acusador.

Para la Fiscalía, era claro que los sindicados desempeñaron un papel determinante en el engaño a la Superintendencia de Sociedades, pero cometió el error argumentar en conjunto las conductas de los enjuiciados como coautores.

Dice el informe ejecutivo de la auditoría del proceso penal que, al no individualizar cada uno de los comportamientos, “dificultó el desarrollo de su teoría del caso y sesgó todos los escenarios en los que se surtieron las actuaciones que configuraron la existencia del punible….de haberse planteado en debida forma la teoría del caso por la Fiscalía, habría prosperado una sentencia condenatoria en contra del señor FERNÁN BEJARANO.”

Por maniobras dilatorias que hacen que este caso lleve trece años abierto y solo desde 2012 haya tocado estrados; por errores en la estructuración del caso cometidos por el fiscal que no individualizó las conductas; por su poca cercanía con los círculos de poder en los que algunos de los acusados ostentaban posiciones preponderantes; este engaño a la Superintendencia de Sociedades con perjuicios a la constructora Owen Londoño no ha podido ser castigado debidamente y los culpables aún andan indemnes gozando de plácida libertad.

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