La plata está hecha, solo hay que buscarla

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Por: Fernando Álvarez

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha sido criticado por tirios y troyanos por la forma en que ha dicho que asumirá el modo de conseguir dinero para tapar el hueco fiscal heredado del gobierno anterior. Por esta razón, se ha dado a la tarea de explicar el método de cómo que descongelará los 14 billones de pesos del Presupuesto General que hacen falta para este año y de cómo obtendrá estos recursos. La idea consiste en generar una estrategia “agresiva” de venta de activos públicos en la que se planea enajenar las participaciones de la Nación en diferentes activos que hoy no le generan una rentabilidad óptima.

Aunque no se ha indicado con claridad la manera en que estos bienes podrían representar un ingreso sustancial y algunos sospechan que se trata del proceso de venta del 8,5% de la Nación en Ecopetrol, la decisión está tomada. Y a pesar de que el nuevo estatuto tributario le garantiza al país un recaudo adicional cercano a los 7 billones de pesos, solo en 2019, los primeros recortes en el gasto público ascenderían a $1,2 billones. Entre 2 billones y 4 billones del monto congelado se liberarán en la próxima semana y la idea es distribuirlos de tal modo que cada entidad del Gobierno obtenga mínimo el 85% de su asignación presupuestal y máximo el 90%.

El ministro Carrasquilla empezará los descongelamientos de presupuesto justo en medio del debate por el Presupuesto General de la Nación para 2019, en el que se evidenció que a este le faltan recursos por cerca de 14 billones. Para evitar un desequilibrio fiscal, los recursos terminaron por congelarse luego que la Ley de Financiamiento, que pretendía cubrir esta necesidad, hubiera sido disminuida y su recaudo proyectado alcanza a llegar apenas a unos 7 billones de pesos. Los demás recursos se irán descongelando a medida que las cuentas nacionales muestren los efectos del recorte en el gasto público y en el recaudo por cuenta de la aplicación de la Ley de Financiamiento.

El ministro Carrasquilla también anunció que estas enajenaciones llegarían máximo a unos 6 billones y que en los años siguientes espera aumentar los recortes en el gasto público, para lo que ha pedido que el Presidente de la República tenga las facultades especiales necesarias para eliminar, crear y fusionar entidades públicas. Además el ministro piensa que será clave poner en marcha la anunciada modernización de Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales para poder aumentar el control sobre la evasión tributaria y el contrabando, con algunas medidas que en otros países han aumentado el recaudo.

Sin embargo, hay quienes piensan que el ministro también tiene una carta bajo de la manga, ya que algunos asesores le han indicado que, en coherencia con otras políticas del gobierno del presidente Iván Duque en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, se puede recurrir a los activos “muertos”.  De acuerdo con esta estrategia, el presidente Duque tendría la oportunidad de vender o rentar a un precio justo los inmuebles y predios que el Estado le ha incautado al crimen organizado que se encuentran en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que a partir de decisiones de choque pueden aliviar al Estado.

Según cercanos al gobierno, esta propuesta se vienen manejando con discreción porque no se quiere alborotar a las mafias enquistadas en varios de los organismos que tienen que ver con la administración de los bienes incautados y que en muchas ocasiones son objeto de verdaderos carruseles de secuestros y vigías que terminan por entregar subrepticiamente los bienes a las propias organizaciones criminales a las que se les ha expropiado. Se calcula que hay cerca de 24 billones de pesos en incautaciones y que el Estado no recibe ni la centésima parte de lo que debiera obtener.

Esto no se ha logrado en el pasado debido a los largos procesos burocráticos y trabas que ponen los funcionarios y porque de alguna manera estos cargos están en manos de funcionario corruptos que como sucedía en el pasado saben que la SAE es una mina, como se dice en el argot de los avivatos. Se sabe que esto implica una voluntad política férrea que esté dispuesta a ganarle la batalla a las mafias internas, lo que implica cambios en las leyes existentes. Expertos en esta materia aseguran que el Estado colombiano llegaría a recaudar entre 5 y 8 billones de pesos en un año si estos procesos se adelantan de forma ágil y eficaz y sobre todo ética.

De esta manera, el presidente Duque podría ser el que tuerce la barra y aprovecha la oportunidad histórica que tiene de convertir estos bienes aparentemente en manos del Estado en recursos económicos reales para solventar la crisis fiscal. El gobierno mira con simpatía esta propuesta porque de esta manera no tendría que tocar el bolsillo de los colombianos. Sin embargo, es menester empezar por nombrar una persona competente y sin intereses personales ni políticos en la dirección de la SAE, quien debe tener autonomía  para armar su equipo al estilo de un cuerpo élite para poder efectuar este tipo de medidas que eliminen los complejos trámites administrativos que implican estas negociaciones.

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